desvirtuada, pues viene a ser una especie de instrumento político-ideológico en manos de tropas francesas tras su invasión de 1808.

Esta masonería es doble. Por una parte la integrada por las logias llamadas tradicionalmente de afrancesados, y cuyos principales núcleos fueron las madrileñas logias de Beneficencia de Josefina, Santa Julia, San José, Napoleón el grande, Filadelfos y Estrella de Napoleón; que constituyeron su propia Gran Logia Nacional de España. Por otra, una serie de logias más propiamente bonapartista por cuanto dependían directamente del Gran Oriente de Francia se encontraban no solamente en Madrid, sino en Barcelona, Figueras, Gerona, San Sebastián Vitoria, Santoña, Zaragoza, Cádiz, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Talavera de la Reina.

La composición de ambos grupos es distinta. Pues en el primero la mayoría de los que la integran son españoles, en tanto que en segundo -salvo muy raras excepciones- sus integrantes son en su casi totalidad franceses.

Esta masonería bonapartista en España tiene gran importancia, pues se trata por primera vez en nuestro país de la implantación de la masonería de una forma sistemática y en condiciones favorables, sin interferencias ni prohibiciones, bien sea del Gobierno o de la Inquisición. El hecho de que el propio rey José Bonaparte la favoreciera y ostentara el cargo de Gran Maestre explica cierta afluencia de españoles más ligados con el gobierno del rey "intruso".

Las logias dependientes del Gran Oriente francés desaparecieron prácticamente al marchar los franceses. Más oscuras y contradictorias son las noticias relativas al Supremo Consejo del Grado 33 presuntamente fundado en España el 4 de julio de 1811 por el conde Grasse-Tilly, autorizado con patentes del Supremo Consejo de Charleston. Precisamente se suelen señalar como Grandes Comendadores de este Supremo a Miguel José de Azanza, a quien, al huir a Francia, le sucedería Agustín Argüelles, y a éste Antonio Pérez de Tudela, quien desempeñaría el gobierno de este Consejo hasta su fusión con el Gran Oriente. No obstante Heron Lepper demuestra que Argüelles no fue iniciado como masón hasta después de 1820, con lo que difícilmente podría suceder a Azanza cuando en 1813 tuvo que huir de España con José Bonaparte.

CORTES DE CÁDIZ

Respecto a las Cortes de Cádiz y la masonería hay también una cierta tendencia a señalar en esta época un gran influjo de la masonería entre los liberales de Cádiz que defendían precisamente una causa diametralmente opuesta a la de José Bonaparte y los afrancesados. Si aceptamos lo que escribe el Conde de Toreno, contemporáneo de los sucesos, la masonería no intervino en el establecimiento de la Constitución y de las libertades públicas.

Una prueba de esta actitud de las Cortes de Cádiz, no sólo no influidas por la masonería, sino de franca orientación antimasónica se encuentra en la Real Cédula fechada en Cádiz el 19 de enero de 1812, en la que se confirma el Real Decreto del 2 de julio de 1751, y se vuelve a prohibir la Francmasonería en los dominios españoles de las India e Islas Filipinas.

En dicha Real Cédula, escrita en ausencia y cautividad del rey Fernando VII, es el Consejo de Regencia, autorizado interinamente por las Cortes generales y extraordinarias reunidas en Cádiz, el que lleva la iniciativa de atajar "uno de los más graves males que afligían a la Iglesia y a los Estados"; a saber, "la propagación de la secta francmasónica tan repetidas veces proscrita por los Sumos Pontífices, y por los Soberanos Católicos en toda Europa". Y precisamente para evitar su propagación las Cortes de Cádiz dan una serie de normas tajantes, en nombre de Fernando VII.

Con el regreso de Fernando VII, en 1814, la situación se agudiza, pues al restablecerse la Inquisición -que había sido abolida tanto por José Bonaparte, como por las Cortes de Cádiz- se inicia una nueva campaña para acabar con la masonería.

La actitud adoptada por el rey Borbón nada más pisar suelo español, fue de total oposición a las sociedades secretas, como lo demuestra su Real Decreto de 24 de mayo de 1814 prohibiendo las asociaciones clandestinas, y donde se establece claramente la alianza del trono y el altar en una defensa mutua, ya que de la "armoniosa unión y mutua ayuda pendía la felicidad del Reino".

Poco después, el 2 de enero de 1815, el Inquisidor General, Francisco Mier y Campillo, publicaba un Edicto de prohibición y condena de la masonería, copia del dado por el cardenal Consalvi, el 15 de agosto de 1814, para los Estados Pontificios.

MASONERÍA Y SOCIEDADES SECRETAS

A partir de este momento la masonería española se identifica o confunde dentro del epígrafe de esas "sociedades secretas" donde militares y políticos van a conspirar desde la clandestinidad, y levantarse en toda Europa durante la época romántica. Las sociedades secretas, como equipo conspirador, exigiría el estudio, no ya sólo de la masonería, sino de la carbonería, comunería, de las sociedades patrióticas, de los anilleros, de los reformadores, de las sociedades del amigos, de las sociedades de estudiantes, iluministas, etc. Y aquí habría que analizar si hay que considerar a estas sociedades secretas como fermento de la revolución, o más como instrumento de la misma revolución, pues está claro que muchos de los que en ellas prepararon golpes revolucionarios, ingresaron en sus filas como un recurso para poder maquinar más fácilmente.

Se suele decir que fueron en estos conventículos secretos donde se prepararon las insurrecciones de Porlier, Lacy, Richard, y la revuelta de la Isla de León. De igual manera se atribuye a los sectarios de A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Madrid el haberse unido a los revolucionarios de Las Cabezas, revolución que obligó al Rey a aceptar la Constitución.

El papel desempeñado por la masonería en todos estos casos está todavía por dilucidar. La pretendida contribución de la masonería a la revolución de 1820, especialmente reflejada en las Memorias de Alcalá Galiano, fue lo que creó el mito de su fuerza oculta.

Lo que sí parece claro es que durante el Trienio Liberal (1820-23) que siguió a la insurrección de Riego, y a raíz de las libertades proclamadas, la masonería experimentó un cierto renacer y prestigio como recoge Pérez Galdós en su obra El Grande Oriente donde llega a afirmar que durante el Trienio Constitucional "según los datos más verosímiles" cincuenta y dos diputados fueron masones y, al menos, la mitad de los ministros.

Al margen de lo que estos datos -en los que se nota una gran influencia de Alcalá Galiano- puedan tener de verdad, lo cierto es que del llamado Trienio liberal, del que tantos informes policiales y noticias sobre masonería y sociedades secretas en general existen en el Archivo General de Palacio, entre los papeles reservados de Fernando VII, hasta ahora se ha encontrado documentación de tres logias (Madrid, Cádiz y Rubí de Ávila). Sin embargo en los citados papeles policiales se habla nada menos que de 23 logias descubiertas en Madrid en el año 1823, y de 13 fuera de Madrid, si bien la veracidad de dichas informaciones deja mucho que desear. Otro tanto se puede decir de los datos que sobre el particular aportó en su día Díaz y Pérez quien llega a afirmar que por esas fechas había en provincias más de setenta y seis logias y doce de Madrid.

Según los conservadores clericales, el liberalismo no era sino una conspiración masónica permanente. No obstante es muy poco lo que se sabe con certeza de esta época.